Desde enero de 2019, Venezuela ha tenido dos presidencias enfrentadas y dos puntos de vista completamente diferentes sobre cómo debe resolverse la disputa política. También ha tenido una víctima principal, una población expuesta a una catastrófica crisis humanitaria. Más de un año después, ninguna de las partes ha logrado sus objetivos: el presidente Nicolás Maduro sigue en el poder, estrictas sanciones se mantienen vigentes y no hay una solución en el horizonte.

Con el gobierno sintiéndose más confiado, como lo demuestra la toma de la Asamblea Nacional del 5 de enero, y una oposición que alberga ambiciones poco realistas de un cambio rápido de régimen, los aliados externos deberían considerar intensificar su participación, presentando un acuerdo que restablezca una justa competencia política, propicie elecciones presidenciales anticipadas, así como el levantamiento gradual de las sanciones, y adicionalmente, deben presionar a sus respectivos aliados dentro del país para que lo acepten como base para las negociaciones.

A primera vista, la brecha entre las dos partes parece insuperable. El poder de facto y el control de casi todas las instituciones del país están en manos de Maduro, quien fundamenta su legitimidad en una controvertida reelección que tuvo lugar en mayo de 2018, considerada por la oposición y sus aliados internacionales como una farsa perpetrada por un dictador criminal.

La oposición, liderada por Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por 59 países, insiste en que se celebren elecciones presidenciales anticipadas y fiables bajo observación internacional y exige la previa renuncia de Maduro.

Pero lo que la oposición ve como la restauración de la democracia, el gobierno lo considera como un golpe de Estado con respaldo extranjero, y tiene la firme postura que la oposición desea eliminar al chavismo de la escena política y se está valiendo de apoyo externo (principalmente de EE. UU.) para garantizar que el movimiento creado por el difunto presidente Hugo Chávez, que ha gobernado Venezuela durante 21 años, no pueda regresar.

Esfuerzos para alcanzar una resolución pacífica hasta ahora han demostrado ser intermitentes y en gran medida infructuosos. Se han llevado a cabo varias rondas de negociaciones desde el 2014, pero todas se han visto empañadas por sospechas mutuas, con la oposición convencida de que el gobierno no estaba siendo honesto.

Durante el último año, ambas partes han coqueteado con una solución negociada, pero también han intentado ganarle ventaja a su rival a través del paso del tiempo y la ayuda de poderosos aliados extranjeros. La oposición esperaba que el endurecimiento de sanciones y el creciente aislamiento internacional del gobierno provocaran una ruptura dentro de las filas chavistas, especialmente entre los militares o, alternativamente, que los EE. UU. intervinieran militarmente.

El gobierno por su parte, esperaba que cuanto más resistiera las sanciones con la ayuda de Rusia, China y otros, más se debilitaría la credibilidad y la unidad de la oposición, y más se disiparía el apoyo público a esta, haciendo que los aliados externos de Guaidó perdieran interés.

El tiempo ha sido particularmente duro con la oposición. A pesar de que en algún momento había indicios de una intervención militar de EE. UU. (y un levantamiento militar estéril el 30 de abril), así como sanciones cada vez más draconianas y el colapso económico interno que ha estimulado el éxodo de más de 4,8 millones de venezolanos, Maduro no ha cedido. Las predicciones de la oposición y EE. UU. de que las fuerzas armadas desertarían bajo presión externa han resultado ser falsas.

Al fortalecerse la posición del chavismo, el 5 de enero llegó el punto máximo en su intento por remover a Guaidó de su puesto formal como presidente de la Asamblea Nacional y, así desvirtuar su pretensión a la presidencia interina, cuando el gobierno instaló un cordón militar y parapolicial alrededor del Parlamento y organizó una cuestionable votación para cambiar la presidencia de la Asamblea. La oposición ahora está envuelta en un intenso debate interno sobre si participar o no en las elecciones parlamentarias a finales de este año, incluso ante la ausencia de condiciones justas para llevarlas a cabo.

Sin embargo, si el gobierno y el chavismo en general ahora se sienten más optimistas después de sortear la tormenta de 2019, difícilmente tienen motivos para estar tranquilos. El margen de maniobra del gobierno, tanto político como económico, está severamente restringido por las sanciones; es considerado ilegítimo por docenas de países; enfrenta constantes iniciativas para removerlo del poder (tanto abiertas como encubiertas); e incluso dentro de sus propias filas hay rumores de descontento por su comportamiento cada vez más autoritario. Ha logrado victorias tácticas innegables, pero ha dejado sin resolver el núcleo del problema. Si tiene la intención de recuperar la normalidad política y la estabilidad, algo debe cambiar.

El esfuerzo más prometedor para lograr una solución negociada hasta la fecha ha sido una serie de conversaciones entre las dos partes, facilitadas por el gobierno noruego entre mayo y agosto de 2019. Pero estas se rompieron, víctima de la falta de compromiso sincero de ambas partes y, en particular, de la obstinación del gobierno.

Las posibilidades de que reinicien ahora son escasas. Como se describió en un informe anterior, después de siete rondas de conversaciones, la más reciente en Barbados, el gobierno se retiró a raíz de nuevas sanciones estadounidenses, y la oposición declaró “agotado” el mecanismo de diálogo el 15 de septiembre de 2019.

Las conversaciones habían producido ciertos avances: poco antes de que fueran suspendidas, la oposición había propuesto que el poder pasara temporalmente a un consejo de gobierno cuyos miembros serían nombrados de común acuerdo. El gobierno de Maduro no rechazó explícitamente esta última propuesta y ofreció mejorar las condiciones electorales, pero sus negociadores dijeron que el presidente no renunciaría y que las elecciones anticipadas serían posibles solo un año después de que EE. UU. y otros levantaran las sanciones. La toma del Parlamento sugiere claramente que en los niveles más altos de poder, la disposición para llegar a un acuerdo es insignificante.

Sin embargo, como lo indican las discusiones de Crisis Group con figuras chavistas y de oposición más pragmáticas, el marco de un posible compromiso existe. Este informe lo explica con la esperanza de fomentar futuras discusiones. Ninguna de las partes lo encontrará completamente satisfactorio.

De hecho, ambas inevitablemente rechazarán varios de sus elementos. Pero sus términos reflejan la mejor evaluación de Crisis Group de lo que las dos partes podrían eventualmente aceptar como términos justos y realistas. El primer paso implica moverse hacia la reducción de tensiones entre ambos lados y construir confianza mutua.

Si se avanza en ese frente, un acuerdo político se basaría en tres componentes básicos: 1) pasos hacia un escenario imparcial para las elecciones parlamentarias y luego las presidenciales; 2) alivio progresivo de las sanciones a medida que se logren avances políticos; y 3) garantías legalmente consagradas para intentar mitigar los temores del eventual bando perdedor de unas nuevas elecciones.

El informe también ofrece sugerencias sobre cómo resolver algunas disputas clave. La primera es sobre el momento en el que se celebrarían nuevas elecciones presidenciales y si Maduro debería dejar el cargo previamente. La segunda es, cuándo se deben levantar las sanciones, y si alguna debe ser levantada mientras Maduro permanezca en el poder. Una tercera cuestión, el papel a futuro del ejército, casi no ha sido abordada por las partes, pero es crítica teniendo en cuenta los lazos del ejército con el chavismo y su capacidad para sabotear cualquier acuerdo que desapruebe.

Potencias extranjeras y organismos multilaterales que son conscientes de los riesgos que representa un escalamiento del conflicto venezolano y actualmente están presionando por un acuerdo negociado (especialmente la UE, la ONU y Estados latinoamericanos como México y Argentina), deberían tener el mayor interés en encontrar una salida negociada a esta crisis y materializar dicho interés presentando o respaldando una propuesta similar, y presionando a las partes para que la acepten como base para las negociaciones.

La ONU también podría desempeñar un papel esencial en respaldar y monitorear la implementación de un eventual acuerdo político. En caso de que Caracas no demuestre compromiso, los aliados de la UE y América Latina deberían considerar intensificar las medidas dirigidas a violadores de derechos humanos y fortalecer esfuerzos contra delitos financieros internacionales cometidos por funcionarios gubernamentales. Incluso aquellos países firmemente opuestos a Maduro, como los EE. UU. y Colombia, o aliados a su gobierno, incluidos Rusia y Cuba, deberían reconocer los enormes beneficios para la estabilidad regional que representa una ruta hacia un acuerdo negociado.

Las soluciones propuestas no son las únicas posibles ni necesariamente las mejores opciones disponibles. Su objetivo es estimular el debate dentro de los círculos chavistas y de la oposición, pero también entre sus respectivos aliados extranjeros y otros actores internacionales interesados, respecto a los costos y las alternativas al actual estancamiento.

La desafortunada verdad es que esos escenarios alternativos, la expulsión de Maduro por parte de los militares; intervención extranjera para derrocar al gobierno; o la supervivencia del gobierno a pesar de las terribles condiciones económicas mientras la oposición cede o sus líderes vuelven a exiliarse, resultan poco probables o ineficaces para restablecer la estabilidad y mejorar el bienestar de los venezolanos.

A pesar de lo distante que parece actualmente un acuerdo por las políticas desatinadas y los presagios de violencia en Caracas, sigue siendo la única forma segura de evitar que una mayor calamidad caiga sobre ambas partes.