Desde muchos años antes a su asesinato en 2016, Berta Cáceres venía defendiendo el medio ambiente y su territorio indígena Lenca, en Honduras. Hija de una partera y activista social, que recibía a refugiados de El Salvador durante la época de violencia en Centroamérica en los años 80, Berta siempre tuvo una cercanía con la lucha por los derechos humanos.

Es por esto que en 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH, una organización Lenca para velar por los derechos de la comunidad, oponiéndose a proyectos extractivistas y defendiendo el territorio. Su nombre siempre fue y será sinónimo de fuerza y resistencia.

Berta se consideraba una defensora más de los derechos humanos. Una luchadora que se oponía a los proyectos de multinacionales que llegaban a Honduras a hacer “coloniaje” y violentar sin escrúpulos los derechos de comunidades indígenas como la suya. Hablaba con convicción y dureza sobre las condiciones que los intereses económicos y la élites políticas corruptas estaban imponiendo sobre sus pueblos. Pero también daba cuenta de lo desprotegida y vulnerable que era su situación: en su carrera como lideresa social, recibió amenazas de muerte y violencia sexual. Fue detenida y golpeada por la policía.

Pero su lucha y su coraje también recibieron reconocimientos. En el 2015, un año antes de su asesinato, recibió el Goldman Environmental Prize que reconoce a personas por sus esfuerzos significativos y sostenidos para proteger y mejorar el medio ambiente, incluido el riesgo personal que este esfuerzo suele conllevar.

Berta sentía que el comienzo de los años 90 permitió el resurgimiento de organizaciones indígenas y negras en Centroamérica, resultado de distintos procesos de paz y desmilitarización. Se concentraba en hacer énfasis en la palabra “resurgimiento”, pues con firmeza afirmaba que siempre estuvieron allí. En diferentes entrevistas dejó en claro su punto de vista: “el proyecto transnacionalización cada vez es más agresivo contra los pueblos indígenas, negros y contra quienes luchamos para defender esos derechos territoriales, culturales, espirituales y, bueno, derechos económicos y políticos.” Junto con el COPINH y otras lideresas, Berta Cáceres se oponía a ser una mera colonia de la que extraer oro, plata, petróleo, madera; todo a costa del medio ambiente y los derechos de su comunidad.

En este contexto, y cuando en 2006 miembros de su organización le advirtieron sobre la presencia de maquinaria de construcción cerca del río sagrado Gualcarque, Berta no dudó en actuar con todas sus fuerzas para hacer frente a esta nueva infraestructura. Se trataba de la represa Agua Zarca, un proyecto de la empresa hondureña DESA que se iba a llevar a cabo en territorio Lenca, sin una consulta previa a la comunidad y sin tener en cuenta los devastadores efectos que podía tener, no solo en el medio ambiente, sino también en la vida de la comunidad.

Desde que Berta se opuso al proyecto, DESA le montó una cacería. Según Guiape, un grupo de expertos independientes que está investigando el asesinato de Cáceres, “DESA desarrolló en torno a Berta Isabel Cáceres Flores un sistema de vigilancia y seguimiento sustentado, fundamentalmente, en informantes, a quienes proveía recursos logísticos y pagaba para que les proveyera de información sobre las actividades personales y públicas de esa lideresa y personas integrantes de COPINH.”

Esta cacería, y la férrea determinación de Berta por no dejarse intimidar, fue lo que concluyó en su asesinato en La Esperanza, Honduras, la mañana del 3 de marzo de 2016. Con este hecho brutal, intentaron silenciar una voz, aunque inútilmente, porque aún resuena en su legado.

A la fecha, más de 7 personas han sido condenadas por el asesinato de Berta Cáceres, muchos de ellos funcionarios del gobierno de Honduras y de DESA. Sin embargo, el que podría ser el autor intelectual aún está libre, a la espera de una condena que, llamativamente, se ha demorado mucho más de lo usual. Este presunto autor intelectual es, nada más y nada menos, el director ejecutivo de DESA. La familia de Berta y el COPINH no descansará hasta que haya justicia, sin importar las amenazas que siguen produciéndose impunemente.

¿Cuál es la situación en Honduras?

Según Frontline Defenders, Honduras fue el segundo país en América Latina y tercero en el mundo, con mayor número de asesinatos a líderes sociales y/o medioambientales en el 2019.

Con 31 casos, está por encima de países como Brasil, Venezuela, Perú, México, Haití y Ecuador; resaltando así la persistencia de una fuerte problemática medioambiental que se resuelve a tiros ante la pasividad de las autoridades gubernamentales.

Esta misma organización advierte que “los/as defensores/as de los derechos humanos sufren ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y maltrato al igual que hostigamiento judicial, amenazas y estigmatización.” Aunque el 4 de junio de 2014, el gobierno de Honduras aprobó una ley para proteger a los defensores, la situación no mejoró, como se hizo evidente con el asesinato de Berta Cáceres en el 2016.

Aunque resulta una tendencia en la región, los/as líderes sociales en Honduras defienden, principalmente, el medio ambiente. En otras palabras, defender el medio ambiente es defender su propia casa, y esto les está costando la vida.

La situación no parece que vaya a mejorar y sí a empeorar, por los mismos males de siempre que las autoridades son incapaces o simplemente no tienen intención de erradicar: corrupción, impunidad, intereses privados y de las élites y falta de representación.

Solo queda constatar que la voz de Berta gracias a la lucha de su familia y de todo el movimiento ambientalista latinoamericano, no haya sido silenciada en vano. Muchas y muchos más están muriendo por causas similares, pero no por ello van a dejar de luchar.

_{Este es el segundo de tres perfiles que hacen parte del especial de democraciaAbierta: La Amenaza de Defender.}