Al irrumpir en el congreso de la república, con militares y policías con armamento pesado, el pasado domingo 16 de febrero, el presidente Nayib Bukele elevó la crisis política y social que vive el país. Como los legisladores no le aprueban un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de Seguridad de Control Territorial el mandatario dice que ha perdido la paciencia:

“Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan de Control Territorial, los volvemos a convocar, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Si no aprueban el préstamo el Consejo de ministros los va a volver a citar y si aun así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución" (dicho artículo establece el derecho del pueblo a la insurrección para restablecer el orden constitucional)

El discurso le ha costado a Bukele una parte importante de su prestigio nacional e internacional. Dentro y fuera de El Salvador se abrigaban esperanzas de cambio tras años de corrupción y violencia. Nadie duda, salvo sus partidarios, que la exhibición en el Congreso fue inadmisible y antidemocrática. El país, harto de guerra, se eriza ante la aparición de armas, amenazas y desplantes autoritarios. Está demasiada fresca la sangre derramada y los sufrimientos de los años de muerte.

La influencia de los Estados Unidos en El Salvador es considerable a través de toda su vida republicana, por eso importa lo que piensan los congresistas de Washington. Eliot Engel, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, habló en términos inequívocos:” Los ojos del mundo están sobre el presidente Bukele. Los militares no deben ser usados para resolver disputas entre el presidente y el congreso. Diferencias civiles deben ser resueltas por instituciones civiles”.

El gesto autoritario del presidente Bukele pone al descubierto varios aspectos que hieren la convivencia democrática.

El primero es desconocer que él no es el único representante de la voluntad popular. La oposición, los disidentes, son parte indisoluble de El Salvador. Como minoría transitoria tiene deberes y derechos. Ignorarlos es asfixiar la libertad.

El segundo aspecto está relacionado con la personalidad encendida del presidente. No es de buen político exhibir un genio arrebatado. Aunque es cierto que está de moda la bravuconada, el chantaje, la amenaza y el insulto. No es de extrañar, aquí y allá, el elevado porcentaje de sumisos que celebra con entusiasmo a los matones de turno. Y cuando se dan cuenta del error, suele ser demasiado tarde.

En verdad, no hay dictadura en El Salvador. Lo que hay son atentados a la democracia con una práctica autoritaria que tiende a neutralizar los poderes del estado que no obedecen al ejecutivo y que fueron creados, precisamente, para establecer un equilibrio que evite abusos de poder y que le salga al paso a toda pretensión dictatorial.

Rubén Zamora, político, diplomático y analista internacional reacciona aquí, primeramente, a cuatro percepciones de los partidarios del presidente salvadoreño. Las dos preguntas finales, al revés, obedecen a la mirada del entrevistador.

El presidente Nayib Bukele dice que, gracias al Plan de Control Territorial, su país, durante el pasado mes de enero, ha registrado la cifra de homicidios más baja desde la Guerra Civil. Y ahora que pide apoyo legislativo para un préstamo de 109 millones de dólares para consolidar la seguridad nacional, los diputados le niegan ese respaldo. A primera vista parece inconcebible.

Las cifras oficiales señalan un notable descenso de homicidios en El Salvador, Así, por cada 100 mil habitantes pasó de 51 en 2018 a 35,8 el 2019.

Hay que decir que los diputados no han negado el préstamo. Lo están estudiando y han pedido pormenores al gobierno. Primero, sobre lo que se gastado hasta ahora, porque ya van más de cien millones de dólares en unos meses, que para El Salvador es mucho. En segundo lugar, los diputados han expresado interrogantes sobre el destino de esta nueva partida, porque, por ejemplo, en la lucha en contra las Maras, está la compra de un barco por 30 millones de dólares. La pregunta es qué hace un barco en todo esto.

El proceso de aprobación de préstamos tiene dos etapas. En primera instancia se trata de una votación por simple mayoría para aprobar el trámite. En la segunda parte se requiere mayoría calificada para su aprobación o rechazo.

La concesión de préstamos dura meses para su resolución. Realmente no hay atraso de la Asamblea. Lo que hay es la petición al presidente que dé cuenta cómo ha gastado los millones que ya ha recibido.

Se ha comentado y criticado con insistencia la irrupción del presidente Bukele, rodeado de militares, a la sesión extraordinaria del congreso el pasado domingo nueve febrero. Sin embargo, la constitución le permite al mandatario convocar a esa reunión si la seguridad del país está en juego. Y si ha ido con militares es porque, obviamente, desea presionar para obtener el respaldo al proyecto gubernamental. Pero nadie ha sido detenido, nadie ha sido golpeado, nadie.

Aclaremos de partida que no había sesión parlamentaria porque más de dos tercios de los parlamentarios se negaron a asistir a la reunión exigida por el presidente y el Consejo de ministros. Lo que el ejecutivo no dice es que el artículo constitucional en que se basaron no autoriza al Consejo de ministros a pedir una asamblea extraordinaria, que solo es legítima cuando hay casos extraordinarios de urgencia en el país, que en este caso no se justifica porque estábamos en el procedimiento normal de una ley que se encuentra bajo discusión entre el ejecutivo y el legislativo, que es propio de todas las asambleas del mundo. Lo que han hecho es tergiversar totalmente el artículo 147, numeral séptimo, de la Constitución.

La Sala de lo constitucional de El Salvador ya le ordenó al presidente, como medida cautelar, que cese de hacer tal tipo de presiones a la Asamblea porque no tiene ningún asidero en la Constitución.

El presidente ha dicho varias cosas que se asemejan a bombas de profundidad, por citar un par: “vamos a darle siete días a estos sinvergüenzas para se decidan”. “De qué lado están, del pueblo no”. Términos duros sin duda, pero no lo piensa mucha gente en El Salvador, en donde la crisis de representatividad es más grave que en otras latitudes, porque tres expresidentes han sido acusados de malversación de fondos públicos, es decir, de dinero que le pertenece a todos los salvadoreños.

(Mauricio Funes, Enriquecimiento ilícito. Elías Antonio Saca, ganancias de más trece millones durante su mandato. El fallecido Francisco Flores, también involucrado en casos de corrupción) Es como para estar cabreados.

La verdad es que hay una crisis tanto de la Asamblea legislativa como de los partidos políticos. Crisis de legitimidad mundial de estos instrumentos. Es cierto. Pero todo ello no autoriza a un presidente a insultar. No es solo lo que usted menciona, los ha llamado narcotraficantes, inútiles. Una serie de ofensas.

La crisis tampoco autoriza a saltarse la ley. Él no puede ordenarle a la Asamblea legislativa porque se lo impide la ley democrática de separación de poderes.

Lo único que ha hecho Bukele es polarizar enormemente con la diferencia que, por fortuna, la Asamblea no lo insultado como él lo hace sistemáticamente.

Todo esto tiene una razón de ser: las elecciones de diputados el año próximo. Como no tiene mayoría en la Asamblea, quiere hundirla y ese es el propósito que está detrás de esa maniobra calificada de intento de golpe de estado.

Para echarle más leña al fuego, el anterior gobierno del FMLN, según declaraciones del presidente Bukele, dio millones de dólares a las Maras y le facilitó los campos de tiro para que aprendieran a matar mejor. Fea cosa.

La verdad es que tanto los partidos políticos como él propio presidente cuando fue alcalde de San Salvador negociaron constantemente con los mareros. Ese proceder corresponde a una realidad: en la capital y en otras ciudades hay zonas en las que los mareros tienen el control de la población. Entonces no se puede hacer nada si ellos no dan permiso.

Ahora, darle dinero a las maras, lo considero erróneo y no debe permitirse.

Ahora, el presidente tiene a un alto funcionario que se dedica a arreglar asuntos entre las maras, y lo ha dicho públicamente. Se trata de un proceso que a lo largo del tiempo ha conducido a estas prácticas degeneradas.

Nada lo justifica, pero lo han practicado todos los partidos políticos.

Felizmente me cambio de acera. Fuera del El Salvador hay práctica unanimidad en que el presidente Bukele ha incurrido de acciones y declaraciones reñidas gravemente con la democracia. Su postura agresiva, populista, de clara tendencia al espectáculo, lesiona seriamente los posibles y deseables entendimientos entre el gobierno y la oposición. Pero, infelizmente, nada hace suponer que el presidente desee cambiar de hábitos políticos. Entonces…

Esa pregunta no solo se hace en el exterior, sino también internamente. De hecho, lo que hubo aquí es un golpe de estado fallido. Al extremo que una diputada que era favorable al presidente salió corriendo durante la ocupación de la Asamblea, diciendo, esto no se puede aguantar, es un asalto.

¿Va a cambiar el presidente? La Sala de lo Constitución le dice no se meta en esto, queda anulado hasta nuestra sentencia final lo que usted ha dicho que el Consejo de ministros tiene la facultad de ordenarle a la Asamblea a realizar reuniones extraordinarias. El presidente dice que acatará la resolución. Aunque aquí tenemos todavía ese dicho de los tiempos de la Colonia que cuando llegaban las leyes provenientes de la corona decían “se acata, pero no se cumple”.

Todo da mucho que pensar si él va a poder corregirse y tener una actitud completamente diferente para que el país pueda moverse. Esto paraliza políticamente a El Salvador. En vez ayudar le hecha más leña al fuego.

Las maras, la política del presidente de los Estados Unidos, la atmósfera contaminada en el ámbito político social no augura nada bueno. No deseo ser pesimista, en verdad no es recomendable para nadie serlo. Ve usted alguna salida, alguna luz, aunque sea tenue.

En lo inmediato no veo una salida. De hecho, hay una para país. Y es que, en vez de pelear constantemente los órganos del estado, se sienten y junto con el resto de la sociedad comiencen a encarar los problemas fundamentales de El Salvador. Las Maras son un problema de seguridad. Pero aquí tenemos un problema serísimo de las pensiones, también una dificultad de aguas. Hay problemas serios de salud y educación.

Todas las urgencias requieren cambios. Yo veo pocas posibilidades, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Como se ha podido escuchar el presidente Najib Bukele ha adoptado la costumbre de recurrir a Dios para respaldar sus propósitos. No es el único, pero el caso es que en El Salvador el 88,9%, de la población es creyente y más del 86,1% practica el cristianismo. Pertenezco a una generación a la que se le enseñó no invocar en vano el nombre del Señor. Por eso ante la costumbre del presidente Bukele de apelar a Dios de forma tan recurrente, llamé al sacerdote José María Tojeira, a San Salvador para conocer su opinión.

Hay una tendencia de políticos latinoamericanos de terminar sus discursos diciendo, Dios les bendiga. Se trata de formulismos. Ahora, en el caso del presidente Bukele, llamó la atención que, para arreglar la situación que no debía haber ocurrido en la Asamblea legislativa, se justificó para dar marcha atrás en sus propósitos diciendo que Dios le pidió paciencia, como si hubiese una intervención directa de Dios. Ese modo de actuar es errado, atípico, y en un estado de derecho laico no se justifica.

Usted es el director de un importante instituto de derechos humanos, el IDEHUCA, de la Universidad Centroamericana de El Salvador. En el informe del 2019, se registra una disminución importante de asesinatos y feminicidios. No es lo óptimo, por cierto, aunque ilustra el éxito de la política de seguridad del presidente Bukele.

Los homicidios han bajado sistemáticamente desde el año 2016, en el que llegamos a un extremo terrible, de más 100 homicidios por cada cien mil habitantes. Pero, en el gobierno del presidente Bukele, bajaron con mayor rapidez.

Creo que la presencia militar y policial más en el territorio ha hecho que disminuyan los homicidios. Esa es la explicación más clara y evidente. Aunque todavía estamos en un alto rango, el año pasado fueron 36 homicidios por cada cien mil habitantes. Es un avance y eso hay que reconocerlo. Ahí están los datos y no han podido ser contrastados.

El único problema es que este avance va acompañado de algo coyuntural que es la presencia militar y policial en el país. Y así como la presencia policial tiene que aumentar, es de esperar que también crezcan otras presencias del estado, como escuelas, centros de salud, proyectos de vivienda. Vale decir, se requiere la presencia protectora e impulsadora del desarrollo por parte del estado y eso es lo que ha faltado tradicionalmente y todavía no acaba de arrancar.

La presencia de los militares puede tener un efecto temporal porque cuando se ausentan regresa la situación trágica, ya que la pobreza y la desigualdad son males endémicos.

El sacerdote Rutilio Grande asesinado, en 1977, por su entrega a los pobres, su condena al poder autoritario de la violencia es hoy sujeto de beatificación. En una homilía dijo algo que es útil recordar por su permanente actualidad: “¿Qué significa tomar en serio a Dios, la unión y la libertad, para la conciencia colectiva y para los grupos dirigentes?” Ya sé que quienes deberían responder son los interpelados, pero que dice un sacerdote 39 años después sobre esta consulta.

Esta pregunta tiene mucho significado en El Salvador puesto que las palabras Dios, Unión, Libertad, están dentro de la bandera y de los signos nacionales. Rutilio se lo preguntaba a un país que tiene el nombre del Salvador del mundo, con claras alusiones a Dios. Lo preguntaba Rutilio en un momento sin unidad, con más pobreza todavía que ahora, con una profunda desigualdad. Palabras que siguen teniendo hondo significado. No podemos mantener los ideales de la constitución salvadoreña, en la que el estado está obligado a brindar libertad y justicia social sin contrastar la belleza de esas palabras con la triste realidad.

Eso hace que la gente se desespere, se decepcione, migre. Somos el país que tiene el uno por ciento de la población de América Latina, pero tenemos el 5% de los migrantes fuera del país.

Hace escasos días se aprobó una ley de reconciliación. Le confieso que no sabía que la reconciliación nacional podía ser cuestión de una ley. Creo, que no hay legislación capaz de transformar lo que llevamos en el corazón. De espaldas a la convivencia democrática la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles pasado una ley de reconciliación que establece impunidades. Se disminuye en un 75% las penas a los que confiesen y pidan perdón sobre los crímenes cometidos. Los jueces pueden derogar las condenas cuando existan razones de edad o de salud. Con esta ley se promueve la impunidad afirman organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas.

La ley tiene sus inconsistencias. Nosotros, desde el IDEHUCA, vamos a presentar un escrito a la Sala de lo Constitucional, que es la que ha dado el mandato no solo redactar un ley que tienda a la reconciliación y a la justicia transicional, a la vez de declarar la inconstitucionalidad de la anterior ley de amnistía, sino que también ha recomendado que la Fiscalía tenga fiscales, que el estado disponga de presupuesto para reparar a las víctimas, perdón, no recomendado, sino ordenar, porque una sentencia imparte órdenes.

En todo caso como ha sido publicado el texto de este proyecto de ley, es muy importante que la Sala de lo Constitucional intervenga y haga una audiencia de seguimiento para ver si la ley efectivamente acepta parámetros y estándares internacionales de derechos humanos.

También creemos que es pertinente que revise todos los otros acontecimientos, acciones, omisiones, de las demás instancias del estado a las que dio órdenes de abrir archivos militares, que hacienda se comunicara con la Asamblea para establecer un plan claro, presupuestado, de reparación y que no se ha hecho nada hasta ahora.

Que revise todo el conjunto de la ejecución de la sentencia. Es algo juzgado, que nos dice lo que es coherente con la constitución, y de una vez ponga los puntos sobre las ies para que la sentencia se emplace en el centro de la acción del estado y sus diversas instituciones.

En el sistema de justicia penal, hay una reducción de penas que debe revisarse porque puede llevar fácilmente, -tal y como está escrita la ley- a la impunidad. Eventualidad que no debe permitirse ante crímenes tan graves.

Si uno fuera pesimista diría en El Salvador estamos en la antesala de una regresión democrática con pocos visos de poder neutralizarla. A mi gustaría mucho que usted me dijera que estoy equivocado.

Hay una tendencia al choque, que se resuelve a veces con medidas autoritarias. Creo que tenemos que cambiar dentro del modo de actuar político en El Salvador.

Hay también algunos elementos que son interesantes viéndolos en su perspectiva. Al presidente Bukele se le quería impedir constituir un partido, participar en las elecciones y demás, por parte de los partidos tradicionales. Y desde el primer momento hubo una pugna, un enfrentamiento que no ha sabido moderarse, incluso en las palabras, que suelen ser muy duras entre un bando y otro.

Es evidente que no podemos continuar así. Si no que tiene que haber una colaboración. Vamos a ver en los próximos meses o el año venidero. Hay elecciones y ojalá se logré una posición un poco más equilibrada y un diálogo mayor, porque si hay un tipo de autoritarismo y tensión verbal, sicológica, y a veces militarista, todo ello hace temer por la democracia más estable que teníamos en el país. Es necesario enmendar el camino.