El Covid-19, este virus que recorre el mundo, ha generado ya un desafortunado impacto en la sociedad que trasciende fronteras, ideologías, orígenes e identidades. Ha puesto a prueba todos los sistemas de salud, demostrando la necesidad de mantener y defender la sanidad pública, requerimiento clave para la atención de las grandes mayorías afectadas por esta pandemia y cualquiera otra afección epidémica.

Los antecedentes mundiales más recientes a esta pandemia son el virus del Ébola registrado entre el 2014 al 2016; el síndrome respiratorio agudo severo (SARS, de acuerdo con sus siglas en inglés) en 2003; y también la primera pandemia del siglo XXI, la gripe A H1N1, ocurrida en 2009 y el Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Oriente Próximo (MERS por sus siglas en inglés), de 2012.

En estos momentos de crisis sanitaria se evidencia que las políticas neoliberales son inhumanas. Implican la privatización de los servicios que brindan las empresas del Estado, siendo la salud y la seguridad social un blanco en la mira al promocionar reformas que afectan a las personas aseguradas, como el aumento de la edad de jubilación, el número de cuotas, entre otras.

El déficit en los presupuestos de salud también ha sido un factor limitante para la ejecución óptima de la atención sanitaria, a la par que una desvergonzada ola de corrupción acumulada, que llegó a su cúspide en Panamá por la malversación de fondos que fueron dirigidos a la construcción de una “ciudad hospitalaria” hace más de cinco años, donde no se ha puesto ni una “primera piedra” en unos terrenos que hoy están abandonados.

Un despilfarro que se suma al colapso de capacidades por la falta de insumos hospitalarios de todo tipo y que se requieren para la atención de las personas afectadas por esta pandemia. Por ello se requiere con urgencia presupuestos justos y acordes para las instancias de salud y seguridad social, tomando en cuenta la magnitud de los efectos de la pandemia actual y su repercusión en la población de todas las edades y orígenes.

Ciencia, investigación y conocimiento: cenicientas en los presupuestos

La actual crisis ha dejado, una vez más, al descubierto cómo la investigación científica se dedica enormemente a dar respuestas a problemas públicos como las crisis sanitarias, a pesar de la orfandad con que le asignan los presupuestos, que no son dignos ni acordes a la magnitud de las respuestas que hay que dar para salvar las vidas humanas.

En Panamá, los equipos que acompañan el proceso de control de la pandemia están tras bastidores en laboratorios, investigando y experimentando alternativas para enfrentar la Covid-19, como lo han demostrado las y los especialistas en virología, epidemiología y otras subespecialidades, en su mayoría jóvenes profesionales que egresaron de universidades públicas.

También son invisibles quienes diagnostican la realidad, la incidencia y el impacto que ha ocasionado a nivel comunitario y local esta nueva enfermedad, como también ese cúmulo de profesionales que registran la historia social de las pandemias a través del tiempo y sus consecuencias socioeconómicas y culturales.

En el marco del conocimiento científico hay que reconocer lo fundamental de los aportes de quienes trabajan y desarrollan la evolución de la historia ambiental, desarrollando mecanismos de apoyo a la comprensión y concientización del momento por lo que la humanidad está atravesando.

El mundo entrará en un brutal retroceso sino cuidamos del planeta y su naturaleza para la generación de ambientes saludables y agua potable, problema este que afecta todavía a miles de personas al Sur del mundo. Mientras esto se logra, los informes especializados dan cuenta de cifras de mortalidad y morbilidad por afectaciones que se pudieron evitar. Dicen que lavar las manos con agua y jabón es fundamental, pero muchas personas de nuestros países ni siquiera tienen acceso al agua.

En este contexto, es urgente el aumento de partidas presupuestarias en todos los campos de la ciencia, la salud, el ambiente y la investigación en la educación superior pública, primordiales en la generación de conocimientos para el buen vivir que permita la construcción de una sociedad sana, equitativa y solidaria.

El riesgo de los trabajadores de la salud

Es destacable la gran capacidad del personal de salud. Afrontan una pandemia en la cual están en constante riesgo, los trabajadores manuales, especialistas de diferentes áreas sociales, enfermeros, médicos, personal técnico, laboratoristas, entre muchas personas que actúan en el sistema de salud. Lo hacen, además, sin poder contar con los insumos, el equipo y la protección adecuada.

El agotamiento físico es la forma extrema a la que llegan quienes deben doblar turnos. Sin embargo, el mayor peligro es la muerte a la que se enfrentan en el cumplimiento de su trabajo. Se requiere reforzar con más nombramientos de equipo humano especializado para darle atención a las personas que enferman, tanto en el marco de la crisis de la Covid-19, como después que pase, especialmente en las áreas de difícil acceso.

En vez de fortalecer el sector de la salud y su reforzamiento técnico, las políticas que se han asumido hasta ahora han expuesto el interés de resguardar a quienes mucho tienen, administran y controlan el gran capital comercial, financiero y bancario, para que no se terminen de ir al desbarranco producto de la propia crisis del sistema económico que los sostiene. La pandemia y el contexto de pánico generalizado aparecen, de esta manera, como la excusa perfecta para culpar de su situación a un virus, promoviendo precariedad laboral, desempleo y recortes de ingresos a quienes dependen de la informalidad, bien como creando fórmulas que atentan contra las conquistas y derechos laborales. Aún no se ha condonado la deuda externa del estado y hay una resistencia a la aprobación de una moratoria, sin intereses, de los pagos a los servicios básicos de la población. Las consecuencias de ello generarán más pobreza y desequilibrio socioeconómico.

La desigualdad social: la nueva peste del siglo XXI

En este contexto sale a relucir la verdadera faz de la enfermedad infecciosa que causa y reproduce el coronavirus: la desigualdad social, una nueva peste del siglo XXI. Un ejemplo de ello es el caso específico de Panamá, que ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe con la peor distribución de la riqueza. El 20% de la población se queda con el 80% de las ganancias, llevando la peor parte la gran mayoría, que son quienes menos tienen.

El desarrollo socioeconómico del país es desigual y combinado, y eso se expresa en las dificultades para implementar la campaña “quédate en casa”, muy útil para una parte de la población que tiene las posibilidades de ejecutarla, pero inviable para buena parte de la población que no tiene las condiciones de estar en cuarentena dentro de sus hogares, tanto en las áreas urbanas como rurales.

En considerables sectores populares las viviendas carecen de un entorno adecuado y tampoco disponen de los servicios públicos necesarios. Los metros cuadrados son mínimos, donde pueden cohabitar hogares con familias de más de 5 integrantes y la carencia o los cortes constantes de agua potable se convierten en una incomodidad cotidiana.

Dicen que lavar las manos con agua y jabón es una de las medidas más eficaces para evitar el contagio, pero la ausencia de acceso al agua revela una realidad de extrema desigualdad en muchos de nuestros países. Muchas de esas personas tienen que salir a buscar el sustento diario porque viven de la informalidad laboral y el subempleo. Quedarse dentro de sus casas no es una alternativa que les satisfaga, a pesar del virus, porque requieren ingresos para su supervivencia.

Esto demuestra que ninguna acción de “aislamiento social” se puede lograr voluntariamente sino se complementa con una política activa de viviendas sociales que permita a las personas vivir en domicilios construidos con espacios adecuados y un mínimo de movilidad apropiada para la convivencia diaria, como también la generación de empleos dignos y permanentes que compensen las necesidades básicas.

Ante la coyuntura actual, se reconocen los esfuerzos técnicos y científicos, gracias al compromiso de poner a la ciencia por delante, a pesar del neoliberalismo y las políticas privatizadoras que afectan a la clase más desposeída. Pero es necesario advertirles a las autoridades gubernamentales y a quienes toman las decisiones en materia de políticas públicas, que urge acortar los niveles de desigualdad social. La muestra más explícita de ello es la dificultad en ejecutar las acciones de prevención, atención, monitoreo y seguimiento en el marco de la crisis de la Covid-19.

Debemos recordar que hace poco las políticas económicas neoliberales generaron grandes movilizaciones en Latinoamérica. Panamá no ha sido una excepción. El coronavirus es una pandemia, que además de enfermedad, dolor y muerte, subraya un profundo contenido desigual asentado sobre una pólvora humana latente. Las voces de la población más necesitada están mostrando su descontento, pero también ofreciendo diagnósticos sociales alternativos. Si no se les escucha, existe la posibilidad de una explosión social.

Señalar esta situación de la realidad a partir de la agudización de los efectos sociales de la pandemia, es una forma de aportar al bienestar y la salud de la población, con la esperanza de que este panorama permita que renazca una sociedad donde la discriminación y la disparidad desaparezcan. Sólo así el bien común podrá primar sobre la individualidad que vive del lucro y la ganancia. De lo contrario, las puertas de la barbarie seguirán ensanchándose y la pandemia de la desigualdad seguirá creciendo hasta estallar.