El 4 de marzo de 2008. Era un día como cualquier otro para la mayoría de los bogotanos, que se levantaron para vestirse, desayunar y salir a trabajar. Mientras muchos en la capital tuvieron poco contacto con la guerra que estaba devastando la Colombia rural, este era un momento álgido para el país entero, con la reciente reelección del presidente derechista Álvaro Uribe y la caída en secuestros o las ‘pescas milagrosas’ por parte de los guerrilleros y otros grupos armados.

Ese mismo día, también se rompieron relaciones con Ecuador, tras un operativo militar contra las FARC que Colombia llevó a cabo en territorio ecuatoriano sin autorización previa, hecho que dominaría los titulares y que distraería la opinión pública de las terribles violaciones de derechos humanos que ocurrían delante de los ojos de los habitantes de la capital colombiana: las ejecuciones extrajudiciales de decenas de jóvenes en Soacha por el ejército colombiano, que el gobierno presentó falsamente como bajas de guerrilleros en el combate y así aparentar estar ganando contra la guerrilla, casos conocidos por muchos como ‘los falsos positivos’.

Ese mismo 4 de marzo de 2008 Eduardo Garzón Páez fue desaparecido. Y desde entonces, la vida nunca volvería a ser igual para su madre, Ana Páez Muñoz, luchadora y activista incansable con el grupo MAFAPO, las ‘Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá’.

“Ese día, le cortaron las alas a mi hijo” me cuenta Ana. Cuando fue a denunciar lo que le había pasado a Eduardo, la policía y el gobierno le dijeron que era una “muerte en combate” y que claramente se trataba de un “guerrillero”. Pero ella sabía que no era el caso: Eduardo era un joven aplicado, que había sido educado en un colegio militar y que estaba estudiando para ser abogado; jamás había tocado un arma en su vida. Le gustaba mucho andar en moto y tenía una relación muy cercana con su madre.

Tras 6 meses de búsqueda, finalmente el cuerpo de Eduardo apareció el 27 agosto de 2008 en el departamento de Santander, a casi 400 kilómetros de su residencia en Soacha, Bogotá - un hecho extremadamente extraño y perturbador para Ana, dado que su hijo nunca había pisado tierras santandereanas antes.

“Nosotras solo queremos saber quién dio la orden, solo queremos saber la verdad” dice Ana porque, si bien ya han condenado a varios autores materiales en el caso de su hijo, sigue sin saberse nada de los autores intelectuales del crimen.

“Sabemos que los mató el ejército, pero todavía no sabemos por qué. ¿Qué delito supuestamente cometieron?” declara Ana. Ella, junto con MAFAPO, lleva más de una década luchando contra los crímenes de Estado en Colombia. Recientemente, visitaron Argentina, donde se unieron a las Madres de la Plaza de Mayo, quienes también luchan contra las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar de ese país.

Aunque las cifras de casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia varían mucho según la fuente, el Centro de Investigación y Educación Popular registró entre 1984 y 2011 hasta 1.741 víctimas de asesinatos de civiles por parte del Estado, que fueron falsamente presentados como bajas en combate.

Ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia

Ahora, debido a investigaciones que han sacado a la luz más detalles sobre lo ocurrido, sabemos que muchos de estos jóvenes fueron engañados por miembros del ejército colombiano, con falsas promesas de trabajo y poco después aparecieron muertos, vestidos como guerrilleros y lejos de sus casas. También se reveló que los trajes de combate que llevaban las víctimas tenían escaso tiempo de uso, que en muchos casos la ropa les quedaba muy grande, y que tenían impactos de bala a corta distancia, algo muy poco común para los que mueren en el combate.

El Ejército, además, buscaba a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social y/o económica, ejemplificado en un caso de 2009 donde encontraron que uno de los muchachos asesinados por los militares tenía una edad mental de solo 9 años.

“No estoy lista para el perdón y ni para el olvido, porque no hubo justicia todavía. A los militares caídos los conmemoran con ceremonias, las víctimas militares siempre reciben reconocimiento, pero a nuestros hijos no les han hecho nada, no han recibido ningún reconocimiento” cuenta Ana, indignada ante la impunidad que ha descubierto en las autoridades.

De hecho, los altos comandantes del ejército que estaban en el cargo durante el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, andan en su gran mayoría libres y tranquilos, y algunos forman aún hoy parte del Ejército.

Mario Montoya Uribe, general retirado señalado como uno de los altos oficiales responsables de miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, es ahora un pensionado viviendo en libertad quien, al ser preguntado sobre los casos, declara que no tiene memoria de ellos. Juan Carlos Barrera, el primer coronel bajo cuyo mando también ocurrieron más de cien casos de ejecuciones extrajudiciales, todavía hoy es contratista del Ejército, viviendo en libertad, y trabaja adicionalmente como asesor de doctrina militar. Nicasio de Jesús Martínez, también responsable de muchos casos de falsos positivos durante su mando, recibió hace poco un ascenso dentro del Ejército para convertirse en jefe. Aunque en diciembre del año pasado renunció al Ejército, lo hizo sin reconocimiento alguno de su responsabilidad en las ejecuciones y actualmente goza de plena libertad y de una generosa pensión gubernamental.

Una guerra contra la verdad y la justicia en Colombia

Pero no todas las integrantes de MAFAPO son madres, sino que también son esposas y hermanas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes habitantes del municipio de Soacha.

Este es el caso de Kelly Johana Ruíz, esposa de Andrés Pesca, quien desapareció el 27 de febrero de 2008, y quien también, como Eduardo, apareció después en Santander sin haber viajado nunca antes allí.

Andrés era taxista, padre de dos niños pequeños de 9 meses y 5 años, y un hombre trabajador dedicado plenamente a su familia. También era una persona tímida, que no había prestado servicio militar y que se asustaba mucho al pensar en cualquier tipo de violencia. “No solamente acabaron con la vida de Andrés, sino acabaron con la vida de toda una familia” nos cuenta Kelly.

“Mis hijos están sufriendo todavía aunque ya son adolescentes. Han tenido apoyo psicológico, pero no han tenido la oportunidad de estudiar, no han tenido ningún tipo de asistencia del gobierno”.

Kelly es una de las fundadoras del grupo MAFAPO, y lleva 12 años militando con ellas para lograr justicia por lo que pasó con Andrés, con Eduardo y con muchas otras víctimas. Las Madres de Soacha y su fe en Dios han sido sus refugios principales, proporcionándole la fuerza necesaria para seguir en su lucha, aunque ha habido días oscuros durante los cuales la tristeza se apodera de ella.

Kelly me enseña la última foto que tomó de Andrés antes de que lo mataran, en la cual aparece con su hijo de 9 meses. Kelly tuvo que revelar la película después de su desaparición, para conseguir los últimos recuerdos de él, lo que luego se convirtieron en instantes congelados en el tiempo para ella. “Mi lucha siempre ha sido demostrar lo bueno y lo trabajador que era Andrés, y que no era guerrillero ni delincuente como dicen”, declara Kelly.

“Yo siempre tengo esta foto cerca de mí. Hay momentos en los cuales una ya no puede más, que una ya no quiere hablar ni pensar en el tema, pero esta foto me recuerda que siempre he demostrado a mis hijos que se puede luchar y que no se puede olvidar”.

El gobierno colombiano ha hecho todo lo posible para obstaculizar la lucha de Kelly y la de sus hijos. Una lucha no solo por obtener la justicia sino para encontrar tranquilidad y poder empezar de nuevo, aunque sea fuera del país.

Debido a su activismo con MAFAPO, el gobierno la colocó en la lista internacional de terrorismo, y después de comprar un vuelo y conseguir un visado para viajar a EEUU para visitar a parte de su familia que vive allí, no le permitieron pasar por control de pasaportes en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Desde entonces, no ha podido viajar y nunca ha recibido una explicación formal por lo que pasó ese día fatídico. Es como si hubieran declarado otra guerra contra la justicia y la verdad, fomentando el estigma para que la sociedad solo acepte la versión ‘oficial’ de los hechos sobre los casos de los falsos positivos.

Sin embargo, estas dificultades han fortalecido a Kelly, quien ahora es madre de dos hijos que la apoyan en esta lucha.

“No hay justicia todavía en Colombia”, nos cuenta, y no se cansarán hasta conseguirla. “Andrés era un joven como cualquier otro, que tenía sueños de salir adelante en esta vida”.

Como tantas otras mujeres valientes en Colombia, Kelly y Ana son dos mujeres increíblemente valerosas. Ellos no son las únicas familiares de víctimas batallando todavía por la justicia, pero su perseverancia y fortaleza no debe distraernos jamás del hecho más importante: la paz es fundamental para lograr justicia para Kelly, Ana y todas las otras madres, esposas y hermanas de los ejecutados extrajudicialmente por el Ejército en Colombia.

Falta mucho camino por recorrer todavía, y no cerrar estas heridas que dejó el conflicto hace que Colombia siga perseguida por el fantasma de una guerra que parece que no quiera terminar.